La jueza congeló Sea Lion por ambiente

La disputa por el petróleo de Malvinas dejó de moverse solo en comunicados diplomáticos y entró en una zona más concreta: una cautelar judicial. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de iniciar o continuar obras materiales vinculadas al proyecto Sea Lion, el desarrollo offshore ubicado al norte de las islas.

Según publicó Ámbito (abre en una ventana nueva) este miércoles 16 de septiembre, la medida surge de una acción preventiva por daño ambiental colectivo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas. TN (abre en una ventana nueva) confirmó la resolución y la enmarcó como una suspensión de perforaciones, instalaciones submarinas e inicio de explotación.

Qué quedó frenado

La cautelar no dice que el daño ambiental ya esté probado. Ese punto importa. Lo que sostiene el juzgado es otra cosa: que una actividad de esa escala no puede avanzar sin el procedimiento legal previsto para medir sus impactos y definir medidas de prevención o mitigación. En la información relevada por Ámbito, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental habría informado que no existía aviso de proyecto ni procedimiento de evaluación iniciado por esas empresas ante la autoridad argentina .

La orden alcanza perforación del lecho o subsuelo marino, infraestructura submarina permanente, conductos, líneas de flujo, sistemas de inyección y control, estructuras de fondeo, unidades flotantes de producción, almacenamiento o descarga, explotación comercial y obras terrestres o portuarias de apoyo. La suspensión queda atada a que se sustancie la evaluación ambiental o a que el propio juzgado revise la medida.

Un expediente con soberanía adentro

El antecedente inmediato venía de la semana pasada. LA NACION (abre en una ventana nueva) informó el 9 de septiembre que Borruto se había declarado competente para intervenir en la causa contra las petroleras. Después, el municipio de Río Grande pidió entrar como parte interesada, según reconstruyó Agenda Malvinas (abre en una ventana nueva), con el argumento de que el municipio ribereño tiene deberes ambientales sobre una cuenca marítima interconectada.

Ahí aparece la parte políticamente más sensible. La causa no trata solamente de fauna marina, derrames o ductos: también toca jurisdicción, plataforma continental, empresas extranjeras, financiamiento y la disputa de soberanía con el Reino Unido . En la resolución citada por Ámbito, la jueza vincula el reclamo ambiental con un interés federal y con la defensa de derechos soberanos argentinos sobre Malvinas y sus espacios marítimos.

Del otro lado, el proyecto ya tenía velocidad propia. Rockhopper anunció en diciembre de 2025 la decisión final de inversión (abre en una ventana nueva) para la fase 1 de Sea Lion, con objetivo de primer petróleo en 2028 y un desarrollo por etapas. Esa hoja de ruta corporativa es justamente lo que vuelve relevante el “peligro en la demora”: si el expediente tarda y las obras avanzan, la protección judicial puede llegar tarde.

Qué mirar ahora

La cautelar es provisoria. Las empresas deberán ser notificadas, el juzgado pidió documentación y también requirió información a organismos nacionales, incluida el área ambiental, Energía y Cancillería. Después podrá mantener, modificar, ampliar o levantar la medida.

Para Argentina , el caso tiene tres relojes corriendo al mismo tiempo: el judicial, que ahora puso un freno; el energético, porque Sea Lion promete producción offshore y contratos caros; y el diplomático, porque cada movimiento sobre Malvinas reorganiza la conversación con Londres, Washington y las empresas que financian o aseguran la operación. La pregunta de fondo no cambió: quién decide qué se explota en el Atlántico Sur. Pero desde hoy tiene un obstáculo judicial concreto.