La Justicia ordena aplicar la ley de financiamiento universitario

El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales sumó este martes 6 de octubre una sentencia sobre el fondo de la disputa. El juez federal Martín Cormick ordenó aplicar la Ley 27.795 e invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que había condicionado su ejecución. Es un fallo de primera instancia: no una confirmación de que los fondos ya llegaron a las universidades.

Según TN, en su cobertura del 6 de octubre (abre en una ventana nueva), el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a los amparos del Consejo Interuniversitario Nacional y de la UBA. La resolución exige al Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para ejecutar la norma.

El punto cuestionado no es toda la promulgación. Es la remisión al artículo 5 de la Ley 24.629, utilizada para supeditar la aplicación a la definición de recursos presupuestarios. La distinción importa: el juez no creó una ley nueva, sino que objetó el mecanismo con el que se había frenado una ley existente.

La discusión detrás de los fondos

Radio Universidad Nacional de Rosario, también este 6 de octubre (abre en una ventana nueva), reconstruyó la secuencia: el Congreso sancionó la norma en agosto de 2025, el Presidente la vetó y ambas cámaras insistieron con las mayorías constitucionales. Después llegó la promulgación condicionada.

De acuerdo con esa cobertura, Cormick entendió que esa condición operaba como una nueva forma de bloqueo, cuando el procedimiento legislativo ya había superado el veto. La posición oficial era que faltaba establecer el financiamiento. El juez rechazó ese argumento porque la propia ley incluye herramientas para disponer los recursos.

Radio UNR informa además que el Estado puede apelar ante la Cámara del fuero. Por eso, presentar esta decisión como el cierre definitivo del litigio sería ir más allá de lo acreditado. Una orden judicial, su eventual revisión y su cumplimiento administrativo son etapas distintas.

Qué contempla la ley

El texto oficial de la Ley 27.795, publicado el 21 de octubre de 2025 (abre en una ventana nueva), permite ver qué está en juego sin quedarse únicamente con los titulares. Abarca gastos de funcionamiento, salarios docentes y no docentes, becas e investigación. También contempla el control externo de las universidades estatales por la Auditoría General de la Nación.

Su artículo 9 prevé adecuar partidas y permite utilizar ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados o prorrogados. Establece que esa adecuación no debe afectar la coparticipación provincial ni los aportes del Tesoro Nacional.

Para estudiantes, trabajadores y equipos de investigación, la próxima verificación es concreta: qué actos se dictan, qué partidas se habilitan y qué pagos se efectivizan. Esta nota no acredita nuevas transferencias ni permite calcular un aumento individual. El cambio confirmado hoy es judicial; su traducción al funcionamiento cotidiano de las universidades todavía debe comprobarse.

Imagen: ilustración editorial generada con IA sobre la comunidad universitaria; no registra una clase ni un acontecimiento específico.