Retiros voluntarios en el Estado: quiénes pueden adherirse en noviembre

El Gobierno nacional aprobó un régimen de retiro voluntario para personal de la Administración Pública Nacional centralizada. La inscripción será del 1 al 30 de noviembre de 2026. No es una jubilación automática ni una salida obligatoria: cada persona debe solicitarla y la autoridad de su jurisdicción puede rechazarla para preservar los servicios.

La medida está en el Decreto 1203/2026, firmado el 16 de octubre y publicado este lunes 19 en el Boletín Oficial, con su anexo (abre en una ventana nueva). Lleva las firmas de Javier Milei, Diego Santilli y Federico Sturzenegger. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública podrá prorrogar la adhesión una sola vez, por hasta treinta días.

A quiénes alcanza y qué queda afuera

El régimen comprende a trabajadores de planta permanente bajo la Ley 25.164 y a personal con contratos laborales por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo, dentro de la administración nacional centralizada. No es una convocatoria general para cualquier empleado provincial, municipal o de cualquier organismo público.

El anexo excluye, entre otros sectores, a personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales en las condiciones allí establecidas; a la SIDE; al Servicio Exterior; al Sistema Federal de Manejo del Fuego; y a orquestas, coros y ballet nacionales.

También fija impedimentos individuales. Incluye determinados procesos penales o disciplinarios, trámites jubilatorios ya iniciados, situaciones de disponibilidad y renuncias pendientes. Para quien tenga reclamos laborales contra el Estado, exige desistimiento expreso y homologado, con una excepción para las acciones regidas por la Ley de Riesgos del Trabajo. Ese punto merece una revisión particular antes de firmar.

Tres grupos, no un cheque igual para todos

La edad se toma al 31 de octubre de 2026. Las compensaciones dependen de esa edad, los aportes y la antigüedad computable:

• Grupo 1: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63, sin aportes suficientes para jubilarse. Pueden optar por una gratificación mensual del 60% de la remuneración bruta normal y permanente, hasta reunir los requisitos jubilatorios y por un máximo de 36 meses. Durante ese período se mantienen los aportes y contribuciones previstos para jubilación y obra social. La alternativa es una gratificación única por antigüedad, con los límites del artículo 6 y un techo de 18 remuneraciones.
• Grupo 2: mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64, con al menos treinta años de aportes, sujetos a los demás requisitos e impedimentos. Corresponde una remuneración por año de antigüedad o fracción mayor a tres meses, limitada por los meses restantes para acceder a la jubilación y por un máximo de 18 remuneraciones. Se agregan otras cinco.
• Grupo 3: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. La base es una remuneración por año de antigüedad o fracción mayor a tres meses, hasta veinte. Se suman cuatro remuneraciones cuando la antigüedad en planta permanente es menor a quince años, o cinco cuando llega a quince o más.

Por eso, “hasta 25 sueldos” no significa 25 sueldos para todos. Tampoco todo tiempo trabajado cuenta: el anexo excluye del cálculo períodos como becario, personal transitorio y contratado bajo el artículo 9 de la Ley 25.164, entre otros.

Qué pasa después de pedirlo

La solicitud no cambia por sí sola la relación laboral. Las autoridades tienen hasta cuarenta días corridos, desde el día hábil siguiente al cierre de la convocatoria, para resolver. El silencio equivale a rechazo, no a aceptación. Si se aprueba, el cese ocurre en la fecha indicada en el acto correspondiente.

Quien ingrese al régimen tendrá prohibido volver al Sector Público Nacional durante ocho años, bajo las modalidades detalladas en el anexo. La docencia en universidades nacionales queda expresamente exceptuada. Incumplir la prohibición interrumpe cuotas pendientes y obliga a devolver las sumas que correspondan: no debe leerse como una autorización general para regresar con sólo reintegrar dinero.

El objetivo oficial y la discusión pendiente

La Nación informó el 19 de octubre (abre en una ventana nueva) que Sturzenegger estimó unos veinte mil empleados elegibles. Elegibles no significa retiros concretados. El ministerio también dijo al diario que no existe una meta predeterminada de desvinculaciones. ATE cuestionó el carácter voluntario del esquema y anunció una protesta.

El decreto ordena eliminar los cargos de quienes se retiren y prohíbe usar esas bajas para justificar nuevas incorporaciones. La evaluación del resultado deberá mirar solicitudes, aprobaciones, costo de las gratificaciones y continuidad de los servicios. Para el trabajador, el próximo paso útil es revisar con Recursos Humanos y asesoramiento propio su historia de aportes, antigüedad y encuadre: el titular del anuncio no reemplaza esa cuenta individual.

Imagen: ilustración editorial generada con IA; no documenta una salida real de empleados.