Llaryora puso discapacidad en la negociación

Martín Llaryora metió a Córdoba en uno de los puntos más sensibles del Presupuesto 2027: discapacidad. El gobernador rechazó este domingo los cambios que el Gobierno nacional incluyó en el proyecto enviado al Congreso y pidió a los diputados y senadores cordobeses que no acompañen un esquema que, según planteó, puede afectar prestaciones, traslados, terapias y pensiones.

El dato político no es solo la frase. Es quién la dice y cuándo. El Cronista (abre en una ventana nueva) publicó el 20 de septiembre que la definición llega en plena negociación con provincias y bloques aliados para ordenar el dictamen del martes 23. Córdoba es una de las provincias que el oficialismo necesita mirar de cerca si quiere aprobar el Presupuesto sin quedar encerrado en su propio número parlamentario.

Llaryora sostuvo en redes que Córdoba no acompañará recortes nacionales que afecten derechos en discapacidad. También pidió al Congreso que frene lo que las personas alcanzadas viven como un acto de crueldad. El Doce (abre en una ventana nueva), medio cordobés, reconstruyó el mensaje completo: el gobernador defendió una red provincial con casi 350 organizaciones y gobiernos locales, pero advirtió que ese esfuerzo no alcanza si Nación se retira de sus responsabilidades.

El capítulo discutido toca varias teclas a la vez. Una es la pensión no contributiva, que el proyecto rebautiza como pensión por invalidez laboral y vuelve incompatible con empleo formal o inscripción tributaria. Hoy la legislación permite conservar la prestación cuando los ingresos no superan determinado umbral. Otra es el esquema de prestaciones básicas y sus valores de referencia. La pelea de fondo es si el sistema queda más atado a partidas ordinarias y negociación fiscal, o si mantiene una protección reforzada por emergencia, actualización y reglas específicas.

Página/12 (abre en una ventana nueva) cruzó el mismo punto y remarcó la advertencia de Llaryora sobre un posible colapso prestacional. La palabra es fuerte, pero no aparece en el vacío. Discapacidad viene de semanas de tensión por auditorías, pagos, nomencladores, prestadores y familias que dependen de traslados, terapias, acompañantes, medicamentos y apoyos cotidianos. Cuando el ajuste entra por ese carril, la discusión presupuestaria deja de ser una planilla para convertirse en vida diaria.

También pesa la interna oficialista. Según la reconstrucción de El Cronista, Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, cuestionó que las modificaciones llegaran dentro del proyecto sin una coordinación política clara. Si una parte del propio oficialismo dice que no sabía cómo venía el capítulo, y un gobernador necesario para negociar marca un límite público, el Presupuesto suma un frente incómodo antes de llegar al recinto.

El Gobierno tiene margen para negociar. Puede corregir artículos, cambiar compatibilidades, rediseñar actualizaciones o buscar una salida intermedia con aliados. Pero el mensaje cordobés cambió el precio de esa conversación: ya no se discute solo cuánto cuesta sostener el sistema, sino quién paga el costo político de tocarlo.

Qué mirar ahora: si los diputados y senadores por Córdoba acompañan el pedido de Llaryora, si el oficialismo modifica el capítulo de discapacidad antes del dictamen, si los prestadores vuelven a movilizarse y si otros gobernadores toman la misma línea. El Presupuesto 2027 todavía no se votó, pero una parte de la negociación ya encontró su límite más humano.