Formosa castigó a periodistas por cubrir pobreza

La noticia no es sólo que cuatro periodistas recibieron una sanción judicial en Formosa. La noticia es el criterio: un fallo provincial trató una cobertura periodística como si necesitara habilitación previa, carnet local o permiso administrativo para existir.

El caso fue registrado por FOPEA el 24 de septiembre (abre en una ventana nueva). Según el Foro de Periodismo Argentino, la Sentencia N.º 351/2026 del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, a cargo de Omar Padilla, sancionó a Micaela Urdinez, Lautaro Martín Guillamondegui, Joaquín Rajadel y Javier Federico Corbalán, integrantes del equipo de La Nación / Hambre de Futuro. La pena: cinco días de arresto efectivo, redimibles por una multa de $282.550 para cada uno.

La cobertura original ocurrió en septiembre de 2025, cuando el equipo fue a la comunidad San José, en Formosa, para realizar entrevistas y filmaciones sobre condiciones de vida en comunidades originarias. FOPEA ya había denunciado entonces seguimientos con vehículos sin identificar, vigilancia, interceptación policial en rutas y retención durante unas dos horas. También señaló que la denuncia atribuida al cacique Guillermo López fue luego desconocida por él, según la propia reconstrucción del organismo.

El argumento judicial, según las entidades de prensa, se apoyó en una supuesta infracción al artículo 73 del Código de Faltas provincial: iniciar una actividad sin cumplir requisitos previos. El problema es el salto conceptual. Para FOPEA, aplicar esa norma a una cobertura periodística instala un precedente grave: si entrevistar, filmar o investigar temas de interés público puede ser tratado como una actividad habilitable por el Estado, la libertad de prensa deja de ser derecho y pasa a ser permiso.

ADEPA también rechazó el fallo el 24 de septiembre (abre en una ventana nueva). La asociación recordó algo básico, pero necesario: en la Argentina no hace falta licencia, matrícula ni autorización estatal para ser periodista, hacer preguntas o difundir información. Además, remarcó que el propio fallo reconoce que los periodistas habían sido inicialmente autorizados a ingresar y que se retiraron cuando se les pidió hacerlo. No describe ingreso violento, clandestino, agresión física ni intromisión concreta en la intimidad de una persona.

La dimensión política llegó después. Clarín informó este 26 de septiembre (abre en una ventana nueva) que, mientras FOPEA y ADEPA repudiaban la sentencia, Javier Milei y referentes libertarios salieron a cuestionar a los periodistas y a los medios. La Nación (abre en una ventana nueva) reconstruyó además el operativo original, la retención policial y la versión del equipo sobre una denuncia que habría sido usada para cortar la cobertura.

Hay dos discusiones distintas que no conviene mezclar. Una es la relación de cada medio con el poder, sus líneas editoriales y sus intereses. Esa discusión existe, es legítima y puede ser durísima. Otra cosa muy distinta es que un juez convierta el trabajo de preguntar, registrar e informar en una falta castigable con arresto o multa porque no hubo una autorización estatal suficiente.

Qué mirar ahora: si la sentencia es revisada, si las entidades periodísticas llevan el caso a instancias superiores, y si la reacción política se ordena alrededor del principio constitucional o de la bronca contra medios puntuales. Porque el precedente no queda encerrado en Formosa. Si cubrir pobreza en una comunidad vulnerable termina en arresto sustituible por multa, el mensaje para cualquier cronista es brutal: antes de preguntar, mirá quién te deja entrar.