Privatizaciones entraron al control bicameral

Las privatizaciones dejaron de ser una lista de activos en carpeta y entraron, al menos por una tarde, en una sala de control parlamentario. La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones recibió el 23 de septiembre a Diego Martín Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, para que informara el estado de avance del proceso.

La Cámara de Diputados (abre en una ventana nueva) presentó la reunión como un informe ante la bicameral que preside el senador Pablo Cervi, de La Libertad Avanza. Chaher defendió una idea madre: el Estado no debería reemplazar al sector privado donde una actividad puede ser desarrollada de manera competitiva y eficiente por empresas privadas. En esa lectura, la política oficial busca separar lo que el Estado debe hacer de lo que, según el Gobierno, puede abrirse al capital privado.

El problema político aparece en la palabra control. Chaher sostuvo que detrás de cada licitación, adjudicación o transferencia hay trabajo técnico, jurídico, económico y administrativo que no siempre se ve. También dijo que están reforzando controles respecto de etapas anteriores y que el proceso incorpora documentos normativos, inversiones, servicios y compromisos del privado. La defensa oficial es clara: no vender a ciegas, sino ordenar, transformar y abrir.

La oposición puso el foco en el otro costado. La diputada Ana María Ianni, de Unión por la Patria, cuestionó que la comisión tendría que haber trabajado desde la sanción de la Ley Bases, el 4 de julio de 2024. Su planteo fue directo: se está involucrando patrimonio del Estado, patrimonio de todos los argentinos, y la bicameral no tenía información suficiente o accedía a parte de ella por los medios. En una privatización, llegar tarde al expediente no es una molestia burocrática; es perder capacidad de auditar el precio, las condiciones, los compromisos de inversión y las consecuencias sobre servicios públicos.

El detalle económico ayuda a medir la escala. Congreso AR (abre en una ventana nueva) consignó que Chaher mencionó operaciones ya concretadas: las hidroeléctricas del Comahue, con 27 ofertas de nueve consorcios y una adjudicación cercana a los USD 707 millones, y Citelec, controlante de Transener, con tres ofertas vinculantes y participación estatal adjudicada por unos USD 356 millones. Son números lo bastante grandes como para exigir más que una discusión ideológica sobre Estado sí o Estado no.

El antecedente parlamentario también importa. En agosto, Infobae (abre en una ventana nueva) había reportado que la bicameral remitió pedidos de informes al Ejecutivo y convocó a Chaher después de reclamos por transparencia sobre las empresas alcanzadas por la Ley Bases. Esa secuencia muestra que la reunión no fue un trámite aislado, sino parte de una pulseada por recuperar trazabilidad institucional sobre decisiones de alto valor público.

La agenda no se agota en energía. El programa incluye activos y servicios donde el usuario final también aparece: agua, rutas, trenes, logística, energía y empresas con peso territorial. Bloomberg Línea, al reconstruir el avance de AySA y otras operaciones, ubicó la discusión dentro de una agenda más amplia de ventas, concesiones y transformación de empresas públicas. Ahí está la pregunta que no entra en un slogan: quién compra, cuánto paga, qué invierte, qué servicio garantiza, qué pasa si incumple y quién controla durante los próximos 30 o 50 años.

Chaher dijo en la bicameral que trabajan junto al BID y el Banco Mundial, especialmente con la línea privada de esos bancos, para que los procesos cumplan normas internacionales y den seguridad jurídica a inversores de largo plazo. Ese punto puede ser una fortaleza si mejora estándares, competencia y auditoría. También puede ser insuficiente si el Congreso sólo recibe información cuando la negociación ya está madura.

Qué mirar ahora: si la bicameral publica o sistematiza los informes recibidos, si los pliegos incorporan controles de inversión y calidad de servicio verificables, qué rol tendrán organismos como SIGEN, AGN y entes reguladores, y cómo se informará cada adjudicación antes de que el activo cambie de manos. Privatizar no es apretar un botón de caja. Es rediseñar quién manda sobre infraestructura sensible. Si el control llega después de la foto, llega tarde.