La luz bonaerense vuelve al juzgado

La tarifa eléctrica bonaerense quedó otra vez bajo orden judicial. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca hizo lugar a una cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo provincial y suspendió el aumento aplicado desde agosto sobre distribuidoras de jurisdicción bonaerense.

Según la cobertura de Radio Mitre del 18 de septiembre (abre en una ventana nueva), la medida alcanza a EDELAP, EDES, EDEA y EDEN. El juez Agustín López Coppola suspendió los efectos de la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y ordenó aplicar el cuadro tarifario anterior. Para los usuarios que ya pagaron con los nuevos valores, el fallo dispone que el exceso se compute como saldo a favor en la próxima factura.

La Defensoría bonaerense informó el 18 de septiembre que la Justicia ordenó suspender el aumento por su presentación. En su comunicación pública, el organismo sostuvo que las empresas no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir antes con la obligación legal de informar y debatir. El punto sensible es procedimental, pero pega directo en el bolsillo: si la cautelar queda firme o se implementa mientras se discute, las facturas deberían recalcularse sobre el esquema previo.

El expediente también abre una diferencia clave con el Área Metropolitana de Buenos Aires. Edenor y Edesur dependen de regulación nacional; esta cautelar mira a distribuidoras provinciales, con impacto especialmente en La Plata y el interior bonaerense. Por eso no es el mismo caso que el apagón masivo del AMBA ni la discusión técnica sobre subestaciones: acá el centro es quién autorizó el aumento, con qué audiencia pública, qué componente de distribución se movió y cómo se informa al usuario.

El Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires, OCEBA, sigue siendo el actor a mirar para la letra operativa. Su sitio de tarifas muestra cuadros vigentes y resoluciones del Ministerio provincial, pero la cautelar introduce una orden judicial que debe traducirse en facturación real: boletas nuevas, notas de crédito o saldos a favor, según cada empresa y según lo que hagan Provincia y distribuidoras frente al fallo.

La Provincia había defendido que existió una instancia previa para fijar criterios tarifarios. Pero, de acuerdo con la reconstrucción periodística del fallo, el magistrado consideró insuficiente ese argumento y puso el foco en la falta de debate específico. Dicho en criollo: no alcanza con mover una planilla si la ley exige un procedimiento público antes de trasladar el costo.

Qué mirar ahora. Primero, si el gobierno bonaerense, OCEBA o las distribuidoras apelan. Segundo, si las empresas refacturan rápido o esperan una instrucción formal. Tercero, si los usuarios que ya pagaron ven efectivamente el saldo a favor. Y cuarto, si se convoca una audiencia pública nueva para sostener, corregir o rediseñar el aumento.

La historia tiene una rareza argentina conocida: una discusión técnica sobre VAD, resoluciones y jurisdicción termina siendo una pregunta doméstica. ¿La próxima boleta llega con aumento, con retroceso o con crédito? Hasta que eso no aparezca en el papel que paga cada familia, la cautelar sigue siendo noticia abierta.