Buenos Aires suma una ley contra daños médicos

La provincia de Buenos Aires dio un paso legislativo en un tema que suele aparecer tarde: la seguridad del paciente. En su sesión ordinaria del 15 de septiembre, el Senado bonaerense aprobó la adhesión provincial a la Ley Nicolás, la norma nacional 27.797 sobre calidad y seguridad de la atención sanitaria.

El dato está en la comunicación oficial del Senado de la Provincia de Buenos Aires (abre en una ventana nueva). La Cámara alta informó que, además de otros proyectos de la sesión, aprobó la adhesión a una ley creada a partir de la lucha de Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, un joven deportista que murió a los 24 años después de un diagnóstico equivocado. La misma fuente resume el objetivo: garantizar una atención sanitaria de calidad y segura, con un marco jurídico institucional para disminuir errores médicos y daños evitables.

Qué cambia

La noticia no es una promesa abstracta de “mejor salud”. La Ley Nicolás busca ordenar sistemas. En términos concretos, la discusión apunta a que hospitales, clínicas y autoridades sanitarias trabajen con protocolos, trazabilidad de la atención, registro de eventos, auditorías y aprendizaje institucional frente a fallas que pueden prevenirse.

Ahí está la diferencia entre tratar cada mala praxis como una tragedia aislada y mirar el circuito completo: cómo se diagnostica, quién revisa, qué alerta se perdió, qué información no circuló, qué estándar faltó y qué se corrige para que no se repita. Es menos televisivo que el expediente penal de un caso grave, pero es donde se juegan muchas vidas.

El antecedente nacional ayuda a entender el sentido de la norma. En septiembre de 2024, durante el tratamiento parlamentario en el Senado de la Nación, Gabriela Covelli llevó el caso de su hijo Nicolás Deanna a la Comisión de Salud y Legislación General. Según la reseña oficial del Senado nacional (abre en una ventana nueva), Covelli pidió no tener miedo a nombrar la mala praxis y planteó que la solución exige compromiso de pacientes, personal de salud y autoridades.

Por qué importa en Buenos Aires

Buenos Aires no es una provincia más para este tema. Tiene el sistema sanitario más grande del país, con hospitales provinciales, municipales, clínicas privadas, obras sociales, derivaciones, guardias saturadas y desigualdades territoriales enormes entre el conurbano, el interior y los corredores de alta complejidad.

Por eso la adhesión tiene peso práctico. Si queda sólo en una votación prolija, será otra ley bien intencionada. Si se implementa en serio, puede empujar registros de incidentes, circuitos de reporte sin cultura de encubrimiento, capacitaciones, estándares comunes y datos públicos que permitan aprender de los errores sin esperar el próximo caso irreversible.

Parlamentario (abre en una ventana nueva) ya había señalado en junio que la adhesión permitiría adecuar sistemas provinciales a estándares nacionales, con herramientas de prevención, trazabilidad, seguridad del paciente y mejora continua. La aprobación en el Senado bonaerense convierte ese debate en una obligación política más concreta.

Qué mirar ahora

Lo importante viene después de la foto legislativa: reglamentación, presupuesto, autoridad de aplicación, forma de reportar eventos adversos, publicación de estadísticas, capacitación real en hospitales y coordinación con municipios y privados. También habrá que mirar si los equipos de salud reciben herramientas o sólo nuevas responsabilidades escritas desde arriba.

La seguridad del paciente no se arregla con un cartel en la pared. Se arregla cuando el sistema deja de depender del héroe individual y empieza a reconocer sus fallas como información crítica. Buenos Aires acaba de decir que quiere entrar en esa lógica. Ahora falta ver si la convierte en práctica cotidiana.