Trata sexual: 430 condenas y una pista digital

La trata con fines de explotación sexual ya no se lee solamente en rutas, whiskerías, prostíbulos encubiertos o traslados. La foto judicial argentina suma otra capa: perfiles, chats, plataformas, pagos y contenido que puede seguir circulando incluso cuando la situación de explotación terminó.

El dato lo publicó este 23 de septiembre Fiscales.gob.ar (abre en una ventana nueva), en base al relevamiento de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, PROTEX. Desde la sanción de la ley 26.364, en 2008, y su reforma posterior, la Argentina registró 430 sentencias condenatorias por trata de personas con fines de explotación sexual. De ese total, 21 corresponden a 2025 y ocho a lo que va de 2026.

El número grande ordena el problema, pero no lo agota. En esas condenas hubo 852 personas condenadas y 1.856 víctimas identificadas. Según el informe, 695 víctimas eran argentinas, 450 extranjeras y en 711 casos la nacionalidad no surgía de las sentencias. Entre las personas condenadas, la mayoría fueron varones: 61,9%.

La fecha tampoco es casual. Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Tiene una marca argentina : ese día, en 1913, se sancionó la ley 9.143, conocida como Ley Palacios, una norma pionera para perseguir la explotación sexual. Más de un siglo después, la discusión ya no es si el Estado debe perseguir el delito, sino si tiene herramientas para seguirlo cuando la escena se fragmenta entre territorio físico y capas digitales.

PROTEX no dice que la explotación sexual se haya mudado entera a internet. Dice algo más incómodo: los mundos se cruzan. Redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas de contenido y servicios digitales pueden aparecer en distintos momentos del circuito: primer contacto con una posible víctima, control, producción de material, comercialización y movimiento de ganancias.

Ese giro cambia la investigación. Ya no alcanza con reconstruir un lugar de captación o un punto de explotación. Puede haber perfiles falsos, mensajes cifrados, registros de conexión, datos guardados por empresas privadas, plataformas ubicadas fuera del país y pagos que se mueven por circuitos difíciles de ver. Una víctima puede estar en una provincia, el contenido alojado en otra jurisdicción y la información clave en servidores de otro país.

El informe menciona casos recientes que muestran esa mutación. En abril de 2025 se dictó la primera condena en el país por trata de personas con explotación a través de medios digitales. También describe una investigación iniciada en Rosario, a partir de una denuncia a la Línea 145, sobre mujeres jóvenes contactadas por Instagram con ofertas de dinero para producir videos sexuales que supuestamente serían difundidos sólo en el exterior. Según la pesquisa, el contenido terminó comercializado en una plataforma de alcance global y permitió identificar, hasta ahora, a catorce mujeres presuntamente captadas bajo ese mecanismo.

La otra pista es económica. PROTEX subraya la necesidad de seguir quién recibe las ganancias, cómo circula el dinero, qué bienes se compran con esos recursos y qué estructura sostiene la explotación. No es un detalle contable: puede servir para entender la organización y también para reparar a las víctimas.

Lo que hay que mirar ahora es si la persecución penal se adapta a esa arquitectura. La trata sigue necesitando vulnerabilidad, coerción y beneficio. Lo que cambió es la superficie donde deja huellas. Si esas huellas están en teléfonos, plataformas, pagos y servidores, la respuesta judicial va a necesitar más cooperación internacional, mejor preservación de evidencia digital y menos reflejos pensados para un delito que ya no ocurre en un solo lugar.