Granja Tres Arroyos fue al concurso judicial

Granja Tres Arroyos dejó de ser solo una crisis sectorial y pasó a ser un expediente judicial. Según publicó Infobae el 17 de septiembre de 2026 (abre en una ventana nueva), la empresa que durante años funcionó como la mayor avícola argentina pidió concurso preventivo y reconoció ante la Justicia una deuda que supera los $126.000 millones.

La presentación no quedó limitada a una razón social aislada. El escrito pide tramitar el proceso por agrupamiento económico para el entramado integrado por Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y Holding Agro Industrial SA. Wade es la firma que opera activos de la ex Cresta Roja; Avex tiene su complejo avícola en Río Cuarto; HAISA aparece como sociedad controlante y garante del grupo. En criollo: el problema no está en una oficina administrativa, sino en una cadena productiva con plantas, proveedores, logística, bancos y trabajadores enganchados al mismo cable.

El expediente, según la reconstrucción de Infobae, intenta explicar el derrumbe por una mezcla de mercado interno saturado, pérdida de poder adquisitivo, costos más altos, importaciones desde Brasil y exportaciones golpeadas por el antecedente de gripe aviar. La compañía sostiene que el consumo doméstico de pollo llegó a un techo y que, por tratarse de un producto perecedero, no podía esperar mejores precios reteniendo stock. Si el pollo sale de la planta y el precio no cubre reposición, la cuenta no cierra por poesía: cierra con deuda.

Bichos de Campo (abre en una ventana nueva) ya había confirmado que la causa quedó registrada como Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo, expediente COM 018558/2026, en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 21, Secretaría Nro. 42. Ese mismo seguimiento marcó que primero había entrado Wade y que la foto financiera del grupo, mirando registros de deuda, venía deteriorada desde antes de esta presentación formal.

El dato laboral es el nervio de la historia. Infobae señala que Granja Tres Arroyos declara sostener más de 1.700 puestos directos en GTA y más de 3.000 dentro del grupo. Bichos de Campo, en cambio, reconstruye un escenario de despidos, atrasos salariales, plantas paralizadas y medidas del Ministerio de Trabajo bonaerense que no alcanzaron para ordenar la crisis. El concurso preventivo promete preservar continuidad, pero esa promesa recién vale algo cuando la Justicia abre el proceso, fija reglas y aparecen plata, plan y acreedores dispuestos a negociar.

LA NACION (abre en una ventana nueva) remarcó un matiz importante: la presentación no equivale automáticamente a concurso abierto. La apertura necesita resolución judicial. Hasta entonces, hay pedido, radicación y una empresa que busca ordenar pasivos bajo protección legal, pero no todavía un camino aprobado para salir del pozo.

El caso también deja una pregunta incómoda para la economía real. Cuando una empresa grande de alimentos cae en concurso, no se mueve solo una marca: se mueven precios mayoristas, polleros, frigoríficos, productores integrados, bancos, cheques rechazados, sindicatos y pueblos donde la planta es parte del mapa cotidiano. La discusión sobre importaciones baratas, costos internos y cierre de mercados externos no es abstracta: termina en una línea de faena, un recibo de sueldo y una góndola.

Qué mirar ahora: si el Juzgado Comercial 21 abre formalmente el concurso, qué pasará con Avex y Wade, cómo quedan salarios y despidos, si Tyson Foods u otro actor aparece con una solución societaria, y si el Gobierno trata el caso como una crisis privada o como una señal de tensión en la cadena alimentaria. El pollo parece un producto simple hasta que la empresa que lo procesa muestra el balance.