Templo Filadelfia recibió condenas por servidumbre

La causa Templo Filadelfia dejó de ser sólo un expediente sobre una supuesta secta religiosa: ahora tiene condenas federales, decomisos y reparaciones para víctimas. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín condenó a 27 personas por asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre, con penas que llegan hasta los 24 años de prisión.

El dato central surge del Ministerio Público Fiscal (abre en una ventana nueva), que informó el 23 de septiembre que el tribunal también ordenó el decomiso de 46 inmuebles y 12 vehículos, la subasta de otros 15 automotores y la baja de la inscripción del Templo Filadelfia en el Registro Nacional de Cultos. Además, fijó reparaciones por más de $2.170 millones para las víctimas.

La condena más alta fue para Eva Petrona Pereyra, de 81 años, considerada por el tribunal como jefa u organizadora de la asociación ilícita y coautora de reducción a la servidumbre y trata laboral agravada. Según la fiscalía, la organización funcionó durante casi cinco décadas bajo una fachada religiosa y sostuvo un sistema de sometimiento basado en aislamiento, vigilancia, sanciones, control de vínculos y explotación laboral.

El caso es pesado por la cantidad de condenados, pero sobre todo por el tipo de dominio que el debate oral dio por probado. La acusación sostuvo que las personas sometidas realizaban tareas sin remuneración ni protección laboral: trabajos domésticos, panadería, construcción, albañilería y otras actividades que generaban beneficios económicos para la estructura. El MPF describió un esquema donde la fe funcionaba como cobertura institucional de control total sobre cuerpos, deseos, vínculos y proyectos de vida.

Infobae (abre en una ventana nueva) había reconstruido el 21 de septiembre que la sentencia incluyó compensaciones para 27 personas por $2.170.467.831,20, actualizables hasta el momento del pago, y que el juicio oral comenzó en octubre de 2024. También ubicó la recaudación y el trabajo como parte del corazón económico de la organización. No era solamente un conflicto interno de una congregación: era, según la sentencia, explotación sostenida.

El alcance territorial también importa. El Liberal (abre en una ventana nueva) consignó que la estructura tenía sede central en San Justo, partido de La Matanza, y ramificaciones en el interior del país, Paraguay y Brasil . La Nación ya había publicado al inicio del juicio oral que las víctimas denunciaban explotación laboral, reducción a la servidumbre, desapoderamientos, vejaciones, tormentos e incluso sustracción de identidad. Ese contexto ayuda a entender por qué el decomiso de bienes no es accesorio: apunta al patrimonio construido por el mecanismo criminal probado en juicio.

Hay que mirar el fallo con cuidado. Una condena de primera instancia todavía puede tener revisión, y los fundamentos completos serán clave para ver cómo el tribunal valoró testimonios, documentos, bienes y responsabilidades individuales. Pero el veredicto ya marca una señal institucional fuerte: cuando una organización usa una cobertura religiosa para capturar personas vulnerables, aislarlas, explotarlas y administrar sus vidas, la discusión no es doctrinal. Es penal, patrimonial y reparadora.

Qué mirar ahora: las apelaciones, la ejecución de decomisos, cómo se hará efectiva la reparación económica, qué protección reciben las víctimas después del juicio y si el Ministerio Público Fiscal extrae nuevos testimonios por delitos conexos. En causas de servidumbre, la sentencia no termina el daño. Apenas abre la etapa más concreta: devolver libertad, bienes y reconocimiento a quienes estuvieron bajo control.