CABA bloqueó apuestas a deudores alimentarios

La Ciudad de Buenos Aires le puso una nueva traba concreta a los deudores alimentarios: si una persona figura en el Registro Público de Alimentantes Morosos, no podrá abrir ni mantener cuentas activas en plataformas de apuestas online habilitadas en territorio porteño.

La medida volvió a la agenda este 18 de septiembre, con la comunicación pública del Gobierno porteño y la cobertura de Pura Ciudad (abre en una ventana nueva). La frase política del anuncio fue directa: en la Ciudad, los deudores alimentarios ya tenían restricciones para entrar a estadios y espectáculos masivos; ahora, tampoco podrán hacer apuestas online.

La mecánica ya venía escrita en la ley aprobada por la Legislatura porteña a fines de agosto. Según reconstruyó Infobae (abre en una ventana nueva), la norma incorpora un artículo 17 bis a la Ley 269, que regula el registro de alimentantes morosos. La prohibición alcanza la apertura de cuentas, el mantenimiento de cuentas activas, los depósitos, las apuestas y los retiros en plataformas de juego o apuestas por internet autorizadas por Lotería de la Ciudad, LOTBA.

La novedad más importante no está solo en la sanción simbólica, sino en el control operativo. Las empresas deberán consultar de manera automatizada y en tiempo real si el usuario aparece en el registro antes de habilitar una cuenta o permitir operaciones. Si detectan que una persona ya inscripta mantiene una cuenta abierta, deberán suspenderla e informar la situación al Registro y al juzgado interviniente.

Ahí está el cambio de fondo: el Estado porteño no se queda en una multa o en un trámite administrativo posterior. Busca conectar el padrón de deudores con una industria digital que mueve dinero todo el día, desde el teléfono, sin ventanilla visible y con poca fricción para apostar. Para una deuda alimentaria, esa fricción importa: la discusión no es moralina contra el juego, sino prioridad económica. Si hay una obligación judicial o registral por alimentos, la Ciudad quiere impedir que esa plata se fugue antes por una plataforma de apuestas.

La ley también deja un punto sensible: datos personales. El sistema de consulta debe verificar la condición registral sin habilitar usos comerciales, conservación indebida de información o perfilamiento de usuarios. Es una frontera delicada, porque el control solo funciona si el cruce de bases es rápido, pero el Estado no puede convertir una sanción alimentaria en una licencia para abrir datos familiares al negocio del juego.

Qué mirar ahora: la reglamentación y la implementación técnica. La ley preveía un plazo de 30 días desde su publicación para que el Ejecutivo porteño ordenara el procedimiento. Lo relevante será si LOTBA y los operadores pueden hacer controles en tiempo real, qué pasa con las cuentas ya existentes, cómo se notifican las suspensiones y cuántas plataformas son efectivamente sancionadas si no cruzan el registro.

El dato político es simple: la cuota alimentaria dejó de ser tratada como un problema privado de familia y entró en la arquitectura digital de las apuestas. El próximo capítulo no se juega en el recinto; se juega en el backoffice de las plataformas.