Vilches dejó Discapacidad en plena pelea presupuestaria

Alejandro Vilches dejó la Secretaría Nacional de Discapacidad en el momento más incómodo para el Gobierno: con el Presupuesto 2027 recién enviado al Congreso, los aliados reclamando cambios y el área bajo una presión simultánea de prestadores, familias, legisladores y tribunales.

Según informó LA NACION (abre en una ventana nueva) este 21 de septiembre, Vilches presentó una nota al ministro de Salud, Mario Lugones, para comunicar su renuncia y pedir que quedara vigente de inmediato. En el texto, citado por el medio, atribuyó la decisión a razones estrictamente personales. El Gobierno confirmó la salida, pero todavía no informó quién ocupará el lugar.

El dato aislado sería apenas un movimiento administrativo. El problema es el calendario. Vilches se va menos de tres semanas después de haber expuesto ante la Comisión de Discapacidad de Diputados sobre la normalización del área y las medidas tomadas durante su gestión. Y se va justo después de que el proyecto de Presupuesto 2027 incluyera cambios que tocaron puntos centrales de la ley vigente: entre ellos, la actualización automática de los valores de las prestaciones y el esquema del nomenclador.

La reacción política obligó al oficialismo a retroceder. La propia jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, marcó públicamente que desconocía esas modificaciones y habló de un problema de coordinación interna. TN (abre en una ventana nueva) también registró la renuncia y remarcó que, al momento de publicarse la información, no había reemplazante anunciado.

La discusión ya venía cargada. En las últimas 48 horas, la agenda de discapacidad sumó una investigación judicial sobre Lugones y el titular del PAMI por presunto incumplimiento de órdenes vinculadas con pagos a prestadores, además de la tensión por la auditoría y las deudas registradas en la ex ANDIS. La renuncia de Vilches no prueba por sí sola una ruptura interna, pero sí muestra que el Gobierno llega a la negociación legislativa con una silla vacía en el área que debería explicar, calcular y ejecutar la política.

El Cronista (abre en una ventana nueva) cruzó el mismo hecho con la decisión oficial de trabajar en un "proyecto superador" junto con bloques aliados. Ese es el punto que importa para lo que viene: el oficialismo necesita reemplazar los artículos más resistidos por un texto que le permita sostener equilibrio fiscal sin romper la cobertura que reclaman prestadores y familias.

La próxima parada está en Diputados. Las comisiones de Discapacidad y Presupuesto tienen previsto reunirse el miércoles para avanzar hacia un dictamen. Si el Gobierno llega sin conducción clara en el área, los aliados tendrán más margen para imponer condiciones. Si nombra rápido a un reemplazante, el primer test será político antes que administrativo: explicar qué parte del ajuste queda, qué parte se corrige y quién paga la diferencia.

Lo que hay que mirar ahora es triple. Primero, el nombre del sucesor o sucesora. Segundo, si el nuevo texto mantiene una regla objetiva de actualización para las prestaciones. Tercero, cómo se articula esto con la causa judicial y con la auditoría de ANDIS. En discapacidad, la letra chica presupuestaria no queda dentro de un Excel: termina en terapias, transporte, medicación, prestadores y familias que ya vienen con la paciencia gastada.