Discapacidad llega a dictamen con tensión

La discusión por discapacidad vuelve esta semana al punto donde el Gobierno menos margen tiene para improvisar: el dictamen. La agenda oficial de comisiones de Diputados (abre en una ventana nueva), consultada el 22 de septiembre, convoca para el miércoles 23 a las 12 una reunión conjunta de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda en el Anexo C. El objeto es emitir dictamen sobre la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad, Ley 27.793, hasta el 31 de diciembre de 2027.

El dato formal importa porque ordena una pelea que hasta ahora venía mezclando Presupuesto, internas del oficialismo, reclamos de prestadores y presión opositora. Diputados ya había aprobado el 9 de septiembre un emplazamiento para que esas comisiones se reunieran el 16 y el 23 de septiembre. En la primera reunión, según informó la propia Cámara, expusieron más de 20 especialistas y representantes del sector. La segunda es la que debería dejar un texto listo para ir al recinto.

La novedad política es que el oficialismo intenta llegar a ese plenario con una salida propia. Infobae (abre en una ventana nueva) publicó el 21 de septiembre que La Libertad Avanza apura un proyecto alternativo con apoyo del ala política, tras reuniones con Salud, Economía y Legal y Técnica. La Nación, el mismo día, reconstruyó una negociación similar: los libertarios aceptarían conservar el nomenclador y la actualización de prestaciones, dos puntos que habían quedado bajo fuego por el proyecto de Presupuesto 2027.

Ahí está el corazón del giro. El nomenclador no es una palabra técnica perdida en un expediente: fija valores de referencia para prestaciones y condiciona cuánto pagan obras sociales, prepagas y programas estatales. Si se elimina o se vuelve discrecional, el conflicto no queda en una planilla fiscal; se traslada a centros de atención, familias, terapias, traslados y prestadores que ya venían denunciando atrasos.

Pero el Gobierno no parece dispuesto a ceder todo. Según las dos reconstrucciones periodísticas, la negociación oficialista busca endurecer criterios para acceder o sostener pensiones por discapacidad. También queda pendiente cómo se pagaría la deuda acumulada con prestadores, un punto que Pro y la UCR pusieron como condición para acompañar una salida distinta a la prórroga opositora.

La foto legislativa, entonces, tiene tres actores. La oposición quiere prorrogar la emergencia. El oficialismo parlamentario busca un texto permanente que le permita salir de la lógica de emergencia anual. Y la Casa Rosada intenta que cualquier concesión no rompa el corset fiscal del Presupuesto. Lo que todavía no hay, y conviene no inventar, es dictamen cerrado: la definición será el miércoles.

Qué mirar ahora: si el oficialismo logra juntar firmas propias y de aliados; si el texto final mantiene actualización automática o la cambia por un mecanismo más discrecional; qué pasa con la compatibilidad entre pensión y trabajo registrado; y si la discusión termina en una ley separada o se absorbe dentro del Presupuesto. En discapacidad, el Congreso ya mostró que puede armar mayorías incómodas. Esta semana se sabrá si el Gobierno aprendió esa cuenta o si vuelve a subestimarla.