AySA abre ofertas para salir del Estado

El proceso para privatizar AySA entra en una instancia concreta: este martes 15 de septiembre, a las 10, el Gobierno abrirá las ofertas de la licitación que busca transferir el control de Agua y Saneamientos Argentinos. No es todavía la adjudicación, pero sí el momento en que se verá quiénes llegaron a la mesa y con qué respaldo técnico y financiero.

Según informó TN (abre en una ventana nueva) este 14 de septiembre, la apertura había sido postergada a fines de agosto después de que empresas pidieran más tiempo para completar la documentación. La explicación oficial citada por el medio fue ampliar la participación y la competencia. El objetivo político y fiscal es claro: avanzar con una de las privatizaciones habilitadas por la Ley Bases y recaudar cerca de US$500 millones.

Qué se abre mañana

La licitación está planteada en etapas. Primero se revisan las condiciones legales, técnicas, económicas y financieras de los oferentes. Recién después viene el análisis de las ofertas económicas. En castellano menos ceremonioso: mañana no se vende AySA de un martillazo; se empieza a separar quién puede sentarse a jugar en serio y quién no.

El paquete en discusión es enorme para la vida cotidiana del AMBA. AySA presta agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano. El esquema reportado contempla vender el 51% de las acciones estatales dentro del proceso central, hacer más adelante una oferta pública inicial por otro 39% y dejar el 10% restante en manos de los trabajadores.

El pliego también exige experiencia concreta. TN señala que el operador técnico debe acreditar al menos cinco años de gestión en empresas de agua potable y desagües cloacales durante la última década, en centros urbanos de escala grande. Además, los interesados tienen que demostrar músculo financiero: capacidad de estructurar u obtener financiamiento por al menos US$150 millones en proyectos comparables, patrimonio consolidado de US$300 millones o, para fondos y consorcios, US$1000 millones en activos bajo gestión.

El marco legal ya venía andando

El proceso no aparece de la nada. En el Decreto 805/2025 del Boletín Oficial (abre en una ventana nueva), el Ejecutivo ordenó el marco regulatorio del servicio y recordó que la Ley 27.742 declaró a AySA sujeta a privatización. Ese decreto también citó la resolución que inició formalmente el proceso y la necesidad de dar certeza jurídica antes del traspaso.

A fines de abril de 2026, el Ministerio de Economía ya había aprobado el modelo de contrato de concesión. El contrato base informado para el proceso es de 30 años, con la posibilidad de extenderlo por hasta 10 años adicionales. Ahí está una de las claves de la historia: no se discute solamente una caja de corto plazo, sino quién administrará durante décadas una infraestructura esencial.

Qué mirar ahora

La pregunta inmediata es cuántos oferentes quedan en carrera después del filtro técnico y financiero. Si hay competencia real, el Gobierno podrá mostrar que el proceso atrae capital privado. Si la lista queda corta, el precio, las inversiones prometidas y la legitimidad política del traspaso van a quedar bajo más presión.

La segunda pregunta es tarifaria y de obra. Agua y cloacas no son un negocio cualquiera: conectan salud pública, urbanización, deuda de infraestructura y bolsillo. El eventual privado necesitará reglas para invertir, pero los usuarios van a mirar otra cosa más simple: si el servicio mejora, si las obras llegan y cuánto se traslada a la factura.

Mañana no termina la privatización de AySA. Empieza la parte visible del examen. Y en servicios públicos, el examen no lo toma solo el Estado: también lo toman millones de canillas.