Bolivia detuvo a su fiscal general

Bolivia acaba de cruzar una linea institucional pesada: el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, fue detenido en una causa por presunta proteccion al narcotrafico. No es un funcionario lateral. Es la cabeza del Ministerio Publico, el organismo que deberia conducir la persecucion penal.

La noticia fue reportada por AP (abre en una ventana nueva) el 1 de octubre: la Policia boliviana arresto a Mariaca y a otras trece personas, dias despues de que Estados Unidos le impusiera restricciones de visa por acusaciones de corrupcion vinculadas con narcotrafico. El movimiento llega en un momento politico claro: el presidente Rodrigo Paz busca profundizar la cooperacion de seguridad con Washington despues de anos de distancia entre Bolivia y Estados Unidos .

La version oficial boliviana es mucho mas dura. En una nota del Ministerio de Gobierno (abre en una ventana nueva) fechada el 1 de octubre, el gobierno dijo que desarticulo una organizacion criminal que operaba desde la justicia. Segun esa comunicacion, fueron aprehendidos Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos y otras doce personas. Tambien sostuvo que cuatro personas intentaban sacar dinero oculto en una ambulancia desde el domicilio de Mariaca, mientras otros seis funcionarios buscaban retirar documentacion.

Esas son acusaciones oficiales, no condenas. Conviene repetirlo porque el caso es combustible politico puro. El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, presento el operativo como una decision del Ejecutivo para enfrentar redes que habrian capturado parte de la justicia. Del otro lado, la propia estructura fiscal y el entorno de Mariaca denunciaron irregularidades y presion politica. CBS/AFP (abre en una ventana nueva) reconstruyo que una funcionaria de la Fiscalia hablo de una detencion ilegal durante una transmision en vivo, y que el abogado de Mariaca dijo que su cliente cooperaria con la investigacion.

El antecedente inmediato viene de Washington. La agencia estatal boliviana ABI (abre en una ventana nueva) habia publicado el 28 de septiembre que Estados Unidos declaro a Mariaca y a su familia, en terminos generales, inelegibles para entrar al pais por presunta corrupcion significativa. El comunicado estadounidense, citado por ABI, lo acuso de abusar de sus cargos para aceptar sobornos, facilitar narcotrafico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia. Mariaca nego esas acusaciones y las presento como injerencia.

Ahi aparece la capa regional. El Pais (abre en una ventana nueva) habia marcado que la ofensiva de visas no era solo contra Bolivia : alcanzaba a funcionarios y empresarios de varios paises latinoamericanos, pero el nombre mas fuerte era el de Mariaca. El diario tambien recordo un dato incomodo para leer el episodio: el fiscal investigaba a Fernando Cerimedo, operador argentino de la derecha regional, en una causa boliviana. Eso no prueba que el arresto sea represalia ni que las acusaciones sean falsas; si obliga a mirar el caso como algo mas que policias contando fajos de billetes.

Para Argentina , la noticia importa por vecindad y por metodo. Bolivia esta mostrando que la agenda de seguridad estadounidense en la region vuelve a entrar por la puerta de narcotrafico, justicia y visas. Cuando esa puerta se abre, las fronteras entre cooperacion anticrimen, realineamiento diplomatico y disputa interna se vuelven dificiles de separar.

Lo que hay que mirar ahora es concreto: que pruebas judiciales aparecen, que rol tuvo informacion estadounidense, quien queda a cargo del Ministerio Publico, y si la investigacion avanza con debido proceso o se convierte en una purga. Si la acusacion es cierta, Bolivia descubrio una fractura enorme en su sistema penal. Si no lo es, el dano institucional ya empezo.