Trump tensó otra vez la caja del Congreso

Donald Trump volvió a tocar una fibra institucional sensible en Washington: la plata que el Congreso ya aprobó. El viernes 25 de septiembre, la Casa Blanca anunció que usará una pocket rescission para cancelar casi USD 1.000 millones de gasto federal. Traducido sin jerga: el Ejecutivo intenta dejar vencer fondos aprobados por el Congreso al final del año fiscal, reduciendo el margen legislativo para frenarlo.

La fuente primaria es la comunicación oficial de la Casa Blanca (abre en una ventana nueva), publicada el 25 de septiembre. Allí el gobierno defendió la medida como una herramienta para eliminar gasto que considera dañino o inútil. También dijo que el año pasado ya había usado esa autoridad por primera vez en 50 años y que ahora la aplicaba otra vez sobre casi USD 1.000 millones.

El mayor bloque señalado por la Casa Blanca es de USD 567 millones en servicios del Departamento de Salud y Servicios Humanos vinculados a refugiados, asilados, otros no ciudadanos y menores no acompañados. El argumento oficial es que esos fondos ya no serían necesarios por la baja de cruces fronterizos. Ese es el encuadre del Ejecutivo: ahorro, control migratorio y castigo a programas asociados a la agenda demócrata.

Pero la pelea real está menos en el rubro y más en la autoridad. Associated Press informó (abre en una ventana nueva) que la maniobra también apunta a programas de educación para estudiantes migrantes, una oficina del Departamento de Justicia orientada a reducir tensiones raciales, iniciativas de desarrollo para empresarios de minorías, asistencia de vivienda y subvenciones de salud vinculadas a equidad y diversidad.

AP agregó el punto legal que hace ruido: la Government Accountability Office, brazo técnico del Congreso, considera ilegal este tipo de pocket rescission. La Ley de Control de Embargos prevé que el Congreso tenga 45 días para revisar recortes propuestos por el presidente. Acá aparece la trampa temporal: el anuncio llega con sólo cinco días antes del cierre del año fiscal y con la Cámara fuera de sesión hasta después de las elecciones de noviembre.

El antecedente inmediato pesa. En 2025, Trump usó una maniobra similar para bloquear USD 4.900 millones de ayuda exterior. La Corte Suprema no la frenó entonces, con el argumento de que la autoridad presidencial en política exterior tenía un peso especial. Esta vez, sin embargo, el foco son fondos domésticos. Eso cambia la discusión: ya no es sólo diplomacia o ayuda externa, sino programas internos aprobados por el Congreso.

La reacción opositora fue rápida. El senador Jeff Merkley, demócrata de Oregon y miembro de mayor rango de su partido en el Comité de Presupuesto del Senado, publicó el 26 de septiembre (abre en una ventana nueva) que Trump y el director de la Oficina de Presupuesto, Russ Vought, enviaron nuevas rescissions ilegales. Su lectura es directa: el Ejecutivo está debilitando acuerdos bipartidistas e ignorando el poder presupuestario del Congreso.

Por qué esto importa fuera de Estados Unidos , incluso para Argentina : porque Washington está mostrando cómo una disputa fiscal se convierte en una disputa de poder. La misma administración que negocia infraestructura, energía, migración y seguridad en América Latina está probando hasta dónde puede mover fondos sin una votación nueva. Si esa lógica se consolida, cada programa externo o doméstico queda más atado a la voluntad presidencial de turno.

Qué mirar ahora: si el Congreso intenta responder pese al calendario, si los tribunales vuelven a recibir demandas por la maniobra, si republicanos institucionalistas se animan a defender la caja legislativa y si la Casa Blanca convierte el ahorro en bandera electoral. La noticia no es sólo un recorte. Es una pregunta vieja con un método nuevo: quién manda sobre el dinero público cuando el Ejecutivo decide que esperar al Congreso le queda demasiado lento.