Duterte vuelve a La Haya bajo custodia

Rodrigo Duterte vuelve a aparecer en el centro de la maquinaria judicial internacional. El expresidente de Filipinas está previsto este 16 de septiembre ante jueces de la Corte Penal Internacional, en La Haya, dentro de la causa por crímenes de lesa humanidad vinculada a su campaña antidrogas. No es una audiencia de trámite menor: según informó AP el 16 de septiembre (abre en una ventana nueva), el encuentro debe ordenar divulgación de prueba, calendario y condiciones del juicio, después de que una evaluación médica lo declarara apto para seguir el proceso.

El caso es pesado porque toca tres planos a la vez. El primero es penal: la Fiscalía sostiene que la llamada guerra contra las drogas no fue sólo una política dura de seguridad, sino un patrón de ejecuciones y ataques contra civiles. El segundo es político: Duterte gobernó Filipinas entre 2016 y 2022 y convirtió esa ofensiva en una marca de poder. El tercero es institucional: Filipinas se retiró del Estatuto de Roma, pero la CPI mantiene que puede juzgar hechos cometidos mientras todavía tenía jurisdicción.

La página oficial del caso Duterte en la CPI (abre en una ventana nueva) reconstruye el expediente y ubica al exmandatario dentro de la investigación por la situación en Filipinas. En febrero, el propio tribunal había informado que la Sala de Cuestiones Preliminares I lo consideró apto para participar en la etapa previa al juicio. Esa decisión cerró, al menos por ahora, una de las defensas centrales: que su estado de salud impedía avanzar.

Qué cambió

El regreso a la sala importa porque saca el expediente del terreno abstracto. Durante meses, el caso estuvo atravesado por discusiones de competencia, salud, custodia y procedimiento. Ahora se acerca a una pregunta más concreta: qué prueba verá el tribunal, qué cronograma tendrá el juicio y cuánto margen queda para seguir demorando.

La defensa niega responsabilidad penal y cuestiona la legitimidad del proceso. Los familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos, en cambio, ven el caso como una oportunidad rara: que un expresidente asiático responda ante una corte internacional por una política de seguridad que, según las denuncias, dejó miles de muertos, muchos de ellos pobres y sin debido proceso. Ahí está el corazón político de la causa: cuando el Estado promete orden matando fuera de la ley, después alguien tiene que demostrar quién dio la orden, quién la ejecutó y quién miró para otro lado.

Por qué mirar desde acá

Para Argentina y América Latina, Duterte no es una rareza lejana. La región conoce demasiado bien la tensión entre mano dura, miedo social, aparatos policiales y justicia tardía. La diferencia es que acá el expediente viaja por una institución internacional que muchos gobiernos miran con desconfianza cuando toca aliados propios y celebran cuando toca rivales.

También hay una pregunta de época. La CPI llega a este caso mientras recibe presiones de potencias, retiros de países y acusaciones cruzadas de doble vara. Si logra llevar a juicio a un exjefe de Estado por una campaña interna de seguridad, refuerza la idea de que la soberanía no puede ser un escudo absoluto frente a crímenes masivos. Si el proceso se empantana, alimenta el argumento contrario: que la justicia internacional promete más de lo que puede cumplir.

Lo próximo a mirar es el calendario. Si la audiencia deja una ruta clara hacia el juicio, Duterte pasará de símbolo político a acusado sentado frente a prueba. Y ahí la discusión deja de ser sólo Filipinas: se vuelve una prueba sobre la paciencia, los límites y la fuerza real del derecho internacional.