Ley de salud mental: lo que ya permite, lo que anunció el oficialismo y la pregunta por los recursos

El oficialismo en el Senado anunció el miércoles 14 de octubre un acuerdo con aliados para buscar dictamen sobre una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, vigente desde 2010. Según Infobae (abre en una ventana nueva), Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, lo comunicó junto a Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez (Neuquén), que presiden las comisiones de Salud y de Legislación General. La Nación (abre en una ventana nueva) también lo informó.

La agenda oficial del Senado (abre en una ventana nueva) lista para este jueves 15, a las 15.30, un plenario de ambas comisiones con el expediente PE-99/26. Infobae advirtió cautela por el quórum y que, con dictamen, se pensaría en una sesión «en principio, para el jueves próximo». Un dictamen es el aval de las comisiones antes del recinto: no es ley.

Primero, lo que la ley ya permite

Un malentendido frecuente es que hoy no se puede internar a alguien sin su consentimiento. El texto original de la ley 26.657 (abre en una ventana nueva) dice otra cosa:

• Artículo 20: la internación involuntaria es «excepcional», cuando no alcance el abordaje ambulatorio y, a criterio del equipo de salud, haya «riesgo cierto e inminente para sí o para terceros». Firman dos profesionales de distintas disciplinas, uno psicólogo o médico psiquiatra.
• Artículo 21: el equipo interna y avisa al juez y al órgano de revisión en un plazo de 10 horas. El juez tiene 3 días corridos para autorizar, pedir informes o denegar; si deniega, debe asegurar la externación inmediata.
• Artículo 22: la persona tiene derecho a un abogado desde el momento de la internación.
• Artículo 23: el alta la decide el equipo de salud, sin autorización judicial.

El juez no autoriza antes cada urgencia: controla después. Cotejamos el texto original, no eventuales reformas posteriores.

Qué se anunció

El proyecto del Poder Ejecutivo es el expediente PE 99/26 (abre en una ventana nueva), ingresado el 20 de abril. Ese PDF oficial está escaneado y no pudo leerse como texto. Según una nota de prensa del Senado del 20 de mayo (abre en una ventana nueva), la iniciativa original cambia procesos de internación, el concepto de «riesgo cierto e inminente» y da más centralidad al psiquiatra.

Del acuerdo de octubre sólo hay descripción periodística. Según Infobae: prioridad de médicos, preferentemente psiquiatras; para internar, un médico más otro firmante («se apunta a que sea psicólogo»); internaciones notificadas a un juez «que no tendrá injerencia»; teleconsulta; ludopatía dentro de adicciones; reglas para menores; prohibición de prácticas manicomiales; directivas anticipadas; plan de egreso; y cooperación financiera de Nación con las provincias. Al cierre, el expediente no registraba dictamen ni había texto negociado publicado: no se puede afirmar cómo quedará cada artículo.

La cadena de porqués

¿Qué cambiaría de verdad? No la posibilidad de internar sin consentimiento, que ya existe, sino quién firma y, según lo anunciado, cuánto pesa el control judicial: hoy el juez puede denegar en tres días; Infobae describe un juez notificado sin injerencia.

¿Por qué darle más peso al psiquiatra? La directora nacional Liliana González dijo en el plenario oficial del 29 de abril (abre en una ventana nueva) que el cambio busca «facilitar el acceso, sin vulnerar los derechos del paciente» y dar centralidad a la práctica clínica. La escasez es una objeción a resolver, no el motivo declarado del cambio: Infobae publicó, y Bullrich validó «en parte», poco menos de 4.000 psiquiatras generales y 454 infantojuveniles frente a 100.000 psicólogos matriculados. No es un censo oficial verificado y las categorías no miden disponibilidad efectiva por provincia.

¿Por qué tanto conflicto? En el plenario de mayo, según el Senado, la exdiputada Marcela Campagnoli sostuvo que la ley «mostró límites concretos». Soledad Cottone, decana de Psicología de la UNR, calificó la exigencia del psiquiatra como «una descalificación injustificada» de la psicología. Stella Maris Garaventa, de Madres Territoriales de Chivilcoy, pidió pensar la internación involuntaria como «un derecho a la vida», y el abogado Vadim Mischanchuk cuestionó la palabra «inminente».

¿Alcanza con cambiar la firma? El artículo 32 ya ordenaba llevar el presupuesto de salud mental al 10% del de salud; no verificamos su cumplimiento. Y el anuncio habla de cooperación financiera sin montos. Cambiar quién decide no crea por sí solo camas, equipos ni seguimiento después del alta: de eso dependerá también que mejore la atención.

Esta nota es informativa y no reemplaza la consulta profesional. Ante una urgencia, comunicate con los servicios de emergencia de tu localidad.