Perú investiga un crimen de campaña

Perú entró en la recta final de sus elecciones regionales con una señal brutal: una candidata y periodista fue asesinada durante una actividad de campaña. Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como La China Polo, murió el sábado 19 de septiembre en Caraz, en la región andina de Áncash, mientras hacía proselitismo cerca del mercado local.

Según Infobae Perú (abre en una ventana nueva), Aponte tenía 43 años, era comunicadora y competía por el Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash. El ataque dejó además personas heridas y abrió una investigación policial y fiscal. La Policía informó la detención preliminar de un ciudadano extranjero señalado como presunto autor material, con un arma incautada, pero el móvil todavía no está cerrado.

Ese punto es clave: hay una muerte confirmada, una captura inicial y una escena electoral; lo que no hay, todavía, es una explicación judicial completa. La propia cobertura peruana insiste en que el Ministerio Público y la Policía deben reconstruir qué pasó, si hubo otros involucrados y quién ordenó, facilitó o aprovechó el ataque.

La historia pesa más porque Aponte no era solo candidata. Venía de construir notoriedad pública a través de denuncias en redes y en su programa China Polo Dominical, donde abordaba presuntos casos de corrupción local y disputas de poder regional. El País América (abre en una ventana nueva) reportó este 20 de septiembre que días antes de morir había dicho haber recibido amenazas desde penales y había señalado públicamente a mandos policiales. Esas acusaciones son graves, pero por ahora deben leerse como antecedente denunciado por ella, no como móvil probado del asesinato.

La República, desde Perú , también ubicó el crimen en plena campaña hacia las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre. Ese calendario importa: cuando una candidatura es atacada en la calle, no se trata solamente de inseguridad común. El mensaje público, incluso antes de saber el móvil, cae sobre todos los actores que intentan hacer campaña, fiscalizar poder o denunciar corrupción en territorios donde política, economías ilegales y fuerzas de seguridad conviven demasiado cerca.

Las instituciones peruanas reaccionaron en esa clave. El Jurado Nacional de Elecciones condenó el ataque y pidió esclarecerlo. La ONPE reclamó reforzar la seguridad de las candidaturas. La Defensoría del Pueblo peruana registró en su sitio oficial su preocupación por el asesinato y exigió medidas urgentes de protección para candidatos en el contexto electoral. El Gobierno Regional de Áncash también pidió una respuesta nacional y garantías para quienes participan de la campaña.

Para una lectura regional, el caso no queda encerrado en Perú . América Latina viene acumulando una forma de violencia política que no siempre necesita tomar el Estado para condicionar la democracia: alcanza con meter miedo en campañas locales, periodistas provinciales, fiscales, alcaldes, concejales o comunicadores que investigan negocios territoriales. Cuando la violencia llega a ese nivel, votar sigue siendo posible, pero competir, denunciar y controlar se vuelve más caro.

Qué mirar ahora: si la Fiscalía sostiene la investigación como feminicidio, crimen político, ataque contra la prensa o una combinación de hipótesis; si aparece evidencia sobre autores intelectuales; si el detenido queda formalmente vinculado al caso; y si Perú logra proteger el tramo final de la campaña sin convertir el asesinato en otro expediente que se enfría. Lo urgente no es solo saber quién apretó el gatillo. Es saber si alguien quiso disciplinar una elección.