Washington usa visas como garrote regional

Estados Unidos volvio a usar una herramienta silenciosa, pero muy concreta, para ordenar poder en America Latina: la visa. Washington anuncio la revocacion o restriccion de visas para funcionarios, exfuncionarios, jueces, fiscales, empresarios y familiares de Bolivia , Colombia , Ecuador y Peru , bajo una politica que dice apuntar contra corrupcion, narcotrafico y actores que debilitan gobiernos democraticamente electos.

Segun AP (abre en una ventana nueva), la medida alcanza a 27 personas y tiene como nombre mas visible al fiscal general de Bolivia , Roger Mariaca. El Departamento de Estado presento el movimiento como parte de una ofensiva regional mas amplia: si un funcionario extranjero queda bajo la categoria de corrupcion significativa o ayuda al narcotrafico, Estados Unidos puede cerrarle la puerta a el y, en varios casos, tambien a su familia.

Infobae (abre en una ventana nueva) reconstruyo el marco juridico invocado: la seccion 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigracion y Nacionalidad, que permite negar ingreso cuando la presencia de una persona puede generar consecuencias adversas para la politica exterior estadounidense, y la seccion 7031(c), usada para designar publicamente a funcionarios extranjeros cuando Washington dice tener informacion creible sobre corrupcion significativa o violaciones graves de derechos humanos.

El dato politico no es solo la lista. Es el metodo. Una sancion financiera se ve en bancos, una causa judicial se discute en tribunales, pero una visa funciona como interruptor diplomatico: corta viajes, exposicion, reuniones, familia, status y acceso a Washington sin necesitar una condena local previa.

Bolivia quedo en el centro. La nota de Infobae senala que alli se concentra la mayor cantidad de afectados, con revocaciones para 12 personas y restricciones futuras para otras nueve, entre fiscales, jueces, magistrados, un oficial policial y un empresario. En Colombia aparecen el empresario Euclides Torres Romero y la senadora Martha Peralta Epieyu; en Peru , el juez Juan Carlos Nunez Matos; y Ecuador tambien quedo incluido con dos ciudadanos no identificados publicamente por el Departamento de Estado.

La respuesta boliviana fue cuidadosa. En una comunicacion oficial del Ministerio de la Presidencia (abre en una ventana nueva), el gobierno de La Paz dijo que la restriccion es un examen para la institucionalidad democratica boliviana y prometio colaboracion para que se hagan las investigaciones y acciones que correspondan dentro de sus organos del Estado. Al mismo tiempo, remarco que respeta la soberania migratoria estadounidense y que Bolivia sostiene una politica de tolerancia cero frente al narcoterrorismo y la corrupcion.

Ahi esta la tension: Washington habla de seguridad hemisferica; Bolivia responde con institucionalidad nacional. Nadie quiere quedar del lado de la corrupcion, pero tampoco es menor que una potencia use permisos de entrada como herramienta de disciplinamiento regional.

Para Argentina , la noticia importa por dos razones. Primero, porque muestra que la politica de Estados Unidos hacia Sudamerica ya no pasa solo por acuerdos comerciales, prestamos, defensa o declaraciones: tambien pasa por listas migratorias que pueden golpear elites judiciales, politicas y empresarias. Segundo, porque el lenguaje de seguridad, narcotrafico y rule of law puede volverse rapidamente una gramatica comun para negociar poder en la region.

El punto a mirar ahora es si esto queda como una advertencia puntual o si se convierte en una rutina. Si Washington empieza a mover visas como sanciones de bajo costo, cada fiscal, juez, ministro o empresario de la region va a leer el pasaporte como termometro politico. Y cuando una visa se transforma en castigo, la frontera deja de ser solamente migratoria: pasa a ser una mesa de poder.