El IRS suma la pregunta migratoria

La frontera no siempre aparece como un muro. A veces aparece como un casillero en un formulario.

Associated Press (abre en una ventana nueva) informo este 1 de octubre que la administracion Trump quiere exigir a los contribuyentes estadounidenses que declaren ante el IRS si son ciudadanos, nacionales estadounidenses o extranjeros legalmente autorizados a trabajar. La pregunta entraria en la declaracion federal de impuestos de 2026, el Form 1040, que usan casi todos los trabajadores para presentar su situacion fiscal anual.

El punto politico es simple y enorme: una agencia creada para recaudar y procesar impuestos podria convertirse tambien en una puerta de control migratorio. El borrador del formulario, segun AP, pregunta por el contribuyente y por el conyuge si la declaracion es conjunta. La respuesta no seria decorativa: cada presentacion se certifica bajo pena de ley.

El Tesoro defiende el cambio como una forma de evitar que inmigrantes sin elegibilidad cobren beneficios fiscales federales. La base juridica viene de una regla propuesta por Treasury y el IRS, publicada en agosto, para aplicar la ley de bienestar de 1996, PRWORA, a la parte reembolsable de ciertos creditos: adopcion, credito por hijo, American Opportunity Tax Credit y Earned Income Tax Credit. En el Federal Register (abre en una ventana nueva), la agencia sostiene que los extranjeros que no califican bajo esa ley no deberian recibir la porcion reembolsada de esos creditos.

La critica va por otro lado. Defensores de privacidad y de derechos del contribuyente advierten que el IRS esta siendo arrastrado hacia la maquinaria migratoria. AP cito a Nina Olson, del Center for Taxpayer Rights, y a David Bier, del Cato Institute, con la misma alarma de fondo: el dato tributario podria servir para identificar personas para deportacion, o al menos generar miedo suficiente para que parte de la poblacion deje de declarar.

Ese efecto no es menor. AP recuerda que los inmigrantes sin estatus legal tambien pagan impuestos. Un informe de 2024 del National Taxpayer Advocate registro 3,8 millones de declaraciones con ITIN, el numero que usa quien no tiene Social Security Number. Esos contribuyentes pagaron USD 14.400 millones en impuesto a las ganancias y USD 6.500 millones en Social Security y Medicare. Si el mensaje implicito pasa a ser presentar impuestos puede exponerte, el Estado puede ganar una herramienta migratoria y perder cumplimiento fiscal.

La administracion contesta que la informacion estara protegida por reglas de privacidad y divulgacion. Pero, segun AP, la declaracion oficial no aclaro si esos datos podrian compartirse con agencias de inmigracion. Esa omision es la noticia dentro de la noticia: no alcanza con preguntar que dato junta el Estado; hay que preguntar que otros despachos pueden verlo despues.

Para leerlo desde Argentina , no hace falta forzar un paralelo perfecto. El caso muestra una tendencia mas general: cuando la politica se queda corta para ordenar migracion, subsidios, impuestos y seguridad, empieza a conectar bases de datos. Lo que antes eran ventanillas separadas se vuelve una sola infraestructura administrativa.

La pregunta de fondo no es si un Estado puede verificar requisitos para un beneficio. Claro que puede. La pregunta es que pasa cuando una declaracion jurada de impuestos, que durante decadas necesito confianza para funcionar, empieza a parecerse a un interrogatorio migratorio anual.