AySA ya tiene dos ofertas sobre la mesa

La privatización de AySA dejó de estar en modo calendario y entró en modo expediente concreto. El Ministerio de Economía informó este 15 de septiembre de 2026 que abrió los sobres técnicos para incorporar un operador estratégico, vender el 90% de las acciones estatales y poner bajo evaluación a dos grupos interesados en manejar el servicio de agua y cloacas del AMBA.

El dato nuevo no es menor: ya hay nombres sobre la mesa. Según el comunicado oficial (abre en una ventana nueva), las propuestas que pasarán por la Comisión de Evaluación son ROWING S.A. - Consorcio Rowing, Arcos, Transclor, PHX y ROGGIO ROAS S.A. - Consorcio Roggio Roas S.A.U. y otros. A partir de ahora, el Gobierno revisará si cumplen las condiciones técnicas, económicas y financieras del pliego.

El agua como contrato

Ayer la noticia era que las ofertas estaban por abrirse. Hoy la discusión cambió: el Estado ya mostró quiénes se sentaron a competir y qué obligaciones promete exigirle al futuro operador. Economía dice que el esquema contempla la transferencia al sector privado del 90% de las acciones hoy en manos del Estado Nacional; el 10% restante queda en el Programa de Propiedad Participada de los empleados.

La letra gruesa del contrato aparece en el Plan de Acción 2027-2031. El Gobierno habla de inversiones obligatorias por $2,89 billones, valuadas a diciembre de 2025 y sin IVA. También fija metas de cobertura: para 2031, 75,3% en agua y 63,9% en cloacas dentro del área concesionada. Al final del plazo inicial de 30 años, esos mínimos deberían llegar a 90% y 75%, respectivamente.

Ahí está el punto político y material. AySA no es una empresa cualquiera en una planilla de privatizaciones. Es el servicio que define si una casa tiene agua potable, cloacas, presión, obras demoradas, tarifa pagable y respuesta ante cortes. Cuando el Gobierno dice que un tercio del área concesionada todavía no tiene acceso completo a agua potable y cloacas, está describiendo una deuda de infraestructura que no se resuelve sólo cambiando el accionista.

La promesa y el riesgo

El comunicado oficial presenta el paso como una salida del despilfarro estatal hacia inversión privada con supervisión pública. También sostiene que las pérdidas de agua no contabilizada rondan el 42%, que la morosidad pasó del 4% al 16% y que los costos operativos aumentaron 80%. Son datos usados para defender la privatización, pero también deberían funcionar como piso de control: si el diagnóstico es grave, la fiscalización no puede ser liviana.

TN había anticipado el 14 de septiembre que el Gobierno buscaba vender el 90% de la compañía y recaudar alrededor de US$500 millones con la operación. Ahora el foco se corre del precio de venta a la capacidad real de inversión, porque una privatización de servicios públicos se juzga después en caños, plantas, barrios conectados y facturas, no en la foto del acto.

Letra P también ubicó este martes el frente político: Axel Kicillof y entidades de usuarios cuestionan la privatización de AySA. Ese dato importa porque buena parte del territorio afectado está en la provincia de Buenos Aires. Si la concesión avanza sin una discusión fina sobre tarifas, obras, control del ERAS y coordinación metropolitana, el conflicto puede salir rápido del expediente y entrar en la calle.

Qué mirar

Lo próximo es la evaluación técnica. Hay que mirar si los dos consorcios pasan el filtro, cuándo se abre la instancia económica y qué garantías concretas quedan escritas para evitar una concesión con promesas grandes y sanciones chicas.

También conviene seguir la regla tarifaria. Economía afirma que durante el primer ciclo tarifario el nivel vigente se mantendrá constante en términos reales y que no proyecta nuevos aumentos reales, salvo excepciones previstas en el contrato. La palabra clave es “excepciones”. En servicios públicos, la diferencia entre una tarifa estable y una factura que duele suele estar en esa letra chica.

AySA entra ahora en la zona donde la ideología se vuelve medidor, caño y cloaca. Privatizar puede ordenar incentivos o puede trasladar poder sin mejorar el servicio. La única manera seria de saberlo será mirando licitación, contrato, auditorías, obras certificadas y barrios efectivamente conectados.