El BCRA llevó el rulo blue a Comodoro Py

El caso del rulo blue sumó este martes 22 de septiembre un paso institucional pesado: el Banco Central cerró un sumario sobre la casa de cambio Arg Exchange y envió sus conclusiones al fuero penal económico para que se abra una investigación penal.

Según informó La Nación (abre en una ventana nueva), la entidad que preside Santiago Bausili determinó que Arg Exchange vendió más de US$250 millones a otros operadores que, de acuerdo con el sumario, no justificaron el origen de los fondos. El número preciso publicado por el diario es US$251.933.029 entre el 26 de enero y el 19 de diciembre de 2023: un ritmo diario de compra de unos US$768.000 en pleno cepo cambiario.

El dato central no es solamente el monto. Es el recorrido. El Banco Central, siempre según esa reconstrucción, observó ventas de divisas entre operadores de cambio y puso el foco en si esas operaciones tenían propósito económico real, razonabilidad de montos, origen y destino verificables, y consistencia con las prácticas habituales del mercado. Traducido: no alcanza con decir que dos actores estaban autorizados si el circuito termina abasteciendo un mercado paralelo o cortando la trazabilidad del dinero.

Los nombres que vuelven a aparecer son Elías Piccirillo y Martín Migueles. Piccirillo figuró en Arg Exchange en 2022 con el 90% de las acciones, mientras Migueles ya ocupaba la presidencia. El sumario citado por La Nación sostuvo que ambos no podían desconocer los hechos investigados y atribuyó a Piccirillo una posición de control e injerencia dentro de la organización. En esta etapa, eso no es una condena: es una derivación administrativa que busca que la Justicia penal determine si hubo delito y responsabilidades personales.

La novedad encaja con una causa más grande. En agosto, TN (abre en una ventana nueva) había contado que el fiscal Franco Picardi esperaba un informe del BCRA para reconstruir cómo entre US$500 millones y US$600 millones fueron retirados por casas de cambio ligadas a Piccirillo, Francisco Hauque, Migueles y otros financistas. El punto crítico era el retiro por ventanilla: una vez que el dólar oficial salía en efectivo, la trazabilidad bancaria se volvía mucho más difícil.

Ese expediente investiga dos carriles que se tocan: las maniobras con casas de cambio que accedían al dólar oficial durante las restricciones cambiarias y una línea vinculada a permisos de importación SIRA. El problema público es conocido por cualquier argentino que haya vivido el cepo, pero rara vez se ve en expediente: si el Estado reparte dólares baratos bajo reglas especiales, la diferencia con el blue puede convertirse en una máquina de renta, intermediarios y favores.

La causa también tiene escenas menos contables. Infobae (abre en una ventana nueva) informó en junio que un cadete de Migueles declaró ante Picardi que trasladó fajos de dólares desde oficinas vinculadas a Piccirillo hacia un domicilio de Avenida del Libertador. Esa declaración no prueba por sí sola el sumario del Central, pero muestra por qué la Justicia intenta reconstruir el tramo físico de la plata, no solo las planillas.

Qué mirar ahora: si el fuero penal económico abre una causa autónoma, si Picardi incorpora formalmente el nuevo material del BCRA a la megacausa del rulo financiero, si aparecen operadores de cambio todavía no identificados, y si la investigación logra responder la pregunta que define todo el caso: adónde fueron los dólares oficiales cuando dejaron de estar dentro del circuito bancario.